El gravamen entró en vigor este viernes y reemplazó al recargo temporal que vencía en la misma jornada. Washington justificó la medida por los controles sobre bienes elaborados mediante trabajo forzoso y estableció una serie de excepciones.
El gobierno de Donald Trump puso en vigencia un arancel adicional del 10% para buena parte de los productos procedentes de la Argentina, dentro de un nuevo esquema comercial que alcanza a 60 economías y contempla distintas excepciones según el país y la mercadería.
La medida comenzó a regir este viernes 24 de julio y fue instrumentada mediante la Sección 301 de la Ley de Comercio estadounidense de 1974. La administración republicana sostuvo que los países alcanzados no adoptaron o no aplicaron de manera efectiva restricciones suficientes contra el ingreso de bienes elaborados mediante trabajo forzoso.
El porcentaje se suma a los derechos aduaneros ordinarios que correspondan a cada producto, salvo en los rubros expresamente exceptuados.
Un reemplazo, no una suba inmediata
La decisión no representa, en términos generales, un aumento automático de diez puntos respecto de la situación vigente hasta el jueves.
El nuevo arancel reemplazó al recargo global temporal del 10% que Estados Unidos había establecido durante 150 días y que venció a las 00.01 de este viernes, hora de Washington. El gravamen aprobado bajo la nueva base legal comenzó a regir en ese mismo momento.
Para las mercaderías argentinas que ya estaban alcanzadas por el recargo anterior, la tasa se mantiene así en el mismo nivel, aunque pueden registrarse diferencias según las nuevas exclusiones y la posición arancelaria de cada producto.
Las cargas que ya se encontraban en tránsito hacia Estados Unidos disponen de un período de transición hasta el 28 de julio.
Por qué Argentina quedó en la tasa del 10%
La Casa Blanca dividió a los países investigados en diferentes grupos. La Argentina quedó dentro del segmento con la tasa más baja, junto con economías como Canadá, México, India, Ecuador y el Reino Unido.
Estados Unidos explicó que ese tratamiento respondió a los compromisos asumidos por el país en el acuerdo bilateral sobre comercio e inversiones firmado en febrero de 2026. Entre esos compromisos figura la adopción y aplicación de una prohibición al ingreso de productos elaborados total o parcialmente mediante trabajo forzoso.
Los países que, según Washington, no adoptaron medidas suficientes recibieron una tasa del 12,5%. Para la Unión Europea, Japón, Corea del Sur, Taiwán y Suiza se establecieron mecanismos diferenciados que consideran también los aranceles que ya pagaba cada producto.
Las excepciones previstas
El gravamen no alcanza a la totalidad de las exportaciones. Estados Unidos excluyó materiales informativos, donaciones, equipaje acompañado y mercaderías que ya están sometidas a aranceles por razones de seguridad nacional.
Dentro de este último grupo aparecen productos de sectores como el automotor, el acero, el aluminio y el cobre, que cuentan con regímenes específicos.
También fueron exceptuados el petróleo y el gas, determinados fertilizantes, algunos alimentos, aeronaves y sus partes, además de minerales considerados críticos para la economía estadounidense.
El anexo oficial incorpora, además, exclusiones particulares para la Argentina mediante una extensa nómina de posiciones arancelarias. Por ese motivo, el impacto concreto dependerá del tipo de mercadería exportada y de su clasificación dentro del sistema aduanero estadounidense.
Estados Unidos, entre los principales socios comerciales
La decisión adquiere especial relevancia por el crecimiento del intercambio bilateral. Según los últimos datos disponibles del INDEC, durante el primer semestre de 2026 las exportaciones argentinas hacia Estados Unidos alcanzaron los 4.859 millones de dólares, con un aumento interanual del 42,1%.
Estados Unidos fue así el tercer socio comercial de la Argentina durante ese período, detrás de Brasil y China. Las importaciones desde ese mercado sumaron 3.284 millones de dólares, por lo que el intercambio dejó un saldo favorable para el país de 1.575 millones de dólares.
El efecto definitivo del nuevo régimen dependerá ahora de cuánto representan los productos alcanzados dentro de las ventas argentinas y de las negociaciones que puedan desarrollarse entre ambos gobiernos para ampliar las excepciones.
