Ann Deslandes, una periodista independiente de la agencia The New Humanitarian, ha cifrado uno de los problemas menos visibles en México. En el artículo Homeless at home: Inside Mexico’s neglected displacement crisis ha documentado las migraciones forzadas por la violencia del narcotráfico. El texto revela que en el país existen 345,000 desplazados, de los cuales 800 han huido desde la pandemia por coronavirus.
“La violencia desplazó a alrededor de 800 personas, aumentando el riesgo a la comunidad por el COVID-19, además de los impactos en términos de acceso a alimentos, vivienda adecuada, agua potable y servicios de salud”, parafrasea la comunicadora a Brenda Pérez, defensora del desplazamiento interno de la Comisión de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de México.
Guerrero ha sido uno de los lugares más afectados. El año pasado, 8,864 personas fueron obligadas a abandonar sus hogares en 28 incidentes, en ocho de los 32 estados de México, según un informe anual publicado el pasado 20 de agosto por la Comisión independiente para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos del país. De esa cifra, Guerrero tuvo 5, 128 víctimas de desplazamiento forzado.
Los hechos de esa entidad, enclava en la costa del Pacífico, han sido recogidas también la organización Crisis Group, que identifica a Guerrero como el epicentro del crimen organizado en México, con al menos 40 células delictivas.
De acuerdo con Deslandes, en dicha región, los grupos delictivos utilizan armas de grado militar, la mayoría de contrabando desde Estados Unidos, para librar una guerra de baja intensidad que alimenta “una cartera de empresas criminales”: cultivar marihuana y adormidera, cocinar heroína para el mercado estadounidense, controlar el comercio de aguacates y limas, tala ilegal y tráfico de personas y extorsión en las rutas de transporte utilizadas por empresas mineras extranjeras que extraen oro, plata, zinc y plomo.
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