El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, se pronunció enfáticamente a favor de la defensa del derecho de propiedad en medio de la polémica suscitada por las ocupaciones de tierras en distintas provincias del país.
En un mensaje publicado en redes sociales, el funcionario planteó que “los derechos de propiedad y la seguridad jurídica son condición para el desarrollo, el crecimiento y también para el mejoramiento de la calidad de vida de todos los argentinos”. Por eso -continuó- “es imposible pensar la convivencia democrática sin la plena vigencia del Estado de Derecho y el imperio de la ley. Y no hay ley más importante que la Constitución Nacional”.
Rodríguez Larreta pidió atender en paralelo las dos situaciones: la defensa irrestricta de la propiedad privada y el enorme déficit habitacional que existe en la Argentina.
Con este mensaje, el jefe de Gobierno y eventual candidato a disputar el poder en 2023 se corrió momentáneamente del tono moderado que lo ha caracterizado durante los últimos meses y le habló al núcleo duro de votantes de Juntos por el Cambio.
El mensaje completo:
“Los derechos de propiedad y la seguridad jurídica sobre los mismos, son condición para el desarrollo, el crecimiento y también para el mejoramiento de la calidad de vida de todos los argentinos”.
“Es imposible pensar la convivencia democrática sin la plena vigencia del Estado de Derecho y el imperio de la ley. Y no hay ley más importante que la Constitución Nacional”.
“Y como marca la Constitución en su articulo 17, la propiedad es inviolable y solo una sentencia fundada en ley puede privar a alguien del derecho a la misma”.
“Para disponer de los bienes, producir e invertir, es esencial contar con la certeza de los derechos de propiedad”.
Es una obligación del Estado protegerlos.
Esto no significa que no haya que atender las situaciones de un enorme déficit habitacional que la Argentina tiene. Hay que atender las dos realidades en simultáneo: por un lado la defensa irrestricta de la propiedad privada y la vigencia de la ley; y por el otro la urgencia de generar suelo urbano asequible, urbanización e integración social. Un derecho no puede ser en desmedro del otro.
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