Emilio Lozoya Austin, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex) que se encuentra preso por presuntamente participar en la red de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, le ganó una nueva batalla a la Fiscalía General de la República (FGR).
Y es que el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal confirmó el desechamiento de las pruebas bancarias que la Fiscalía considera clave para demostrar los USD 10.5 millones que supuestamente recibió el exfuncionario del sexenio del expresidente priista Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Se trata de la información bancaria enviada a México por Suiza y Brasil sobre los estados de cuenta de las empresas de Lozoya Austin en el país europeo, así como los comprobantes bancarios de las transferencias de las empresas offshore Innovation Research Engineering and Development Ltd., supuestamente empleada por Odebrecht para pagar los sobornos a Lozoya; Latin American Asia Capital Holding y Zecapan.
Por mayoría de votos, los magistrados resolvieron que es información que se obtuvo sin la previa autorización de un juez, por lo que habría violado el secreto bancario.
“Los medios probatorios C-5 y C-7 contienen información bancaria respecto de la cual es necesario contar con una orden judicial previo a su obtención, y si bien es cierto que esas probanzas se allegaron a través del mecanismo de asistencia jurídica internacional, lo cierto es que la restricción constitucional sobre ese tópico no hace diferencia si tal información se remite de alguna parte del mundo o sólo de nuestro país, por lo que resulta irrelevante del lugar donde provenga, pues lo realmente importante es cómo se adquirió y la prohibición de incorporarse a procesos jurisdiccionales sin colmar los requisitos que nuestro derecho interno exige”, se lee en la resolución.
El recurso de apelación resuelto por el Colegiado fue presentado por la Fiscalía contra la decisión del juez Gerardo Genaro Alarcón López emitida en marzo pasado en la que excluyó 24 pruebas para llevar al juicio en el caso Odebrecht.
Sin embargo, la FGR, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Pemex pueden impugnar vía amparo dicha decisión.
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