La Junta de Fiscales de Sala ha avalado, en una reñida votación, el criterio del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de pedir al Tribunal Supremo que aplique la ley de amnistía a todos los delitos, incluido el de malversación, que se atribuyen al expresident Carles Puigdemont y otros líderes independentistas.
García Ortiz, el último en intervenir durante una intensa reunión extraordinaria que se ha prolongado durante más de cinco horas horas, ha reiterado que el informe presentado por los fiscales Fidel Cadena, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno defendiendo que el delito de malversación no es amnistiable respondía a cuestiones que no les competen e incluía afirmaciones de naturaleza “extrajurídica”.
Tras el debate, los fiscales de Sala han respaldado el criterio del máximo responsable del Ministerio Público por 19 votos a favor y 17 en contra, según informan fuentes jurídicas. La Junta de Fiscales de Sala ha comenzado puntual a las 9:30 horas y y ha contado con la asistencia presencial de 34 de sus 38 miembros. Otros dos fiscales han intervenido de forma telemática y los dos restantes han excusado su participación por motivos médicos.
Así las cosas, el fiscal general ha aceptado que los cuatro disidentes se aparten de la causa y ha nombrado a la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, y el fiscal de Sala jefe de lo Penal de la Fiscalía del Tribunal Supremo, Joaquín Sánchez-Covisa, como nuevo representante del Ministerio Público en el procedimiento que se sigue en el Tribunal Supremo.
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