El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha justificado el trabajo policial que se lleva a cabo para “monitorizar las redes sociales” para prevenir delitos, además de insistir en que “no hay ningún elemento objetivo que ponga en relación a la inmigración con la delincuencia”. En un foro organizado por Infolibre, recogido por Europa Press, Grande-Marlaska ha señaldo que “la monitorización de las redes para saber cuál es el desarrollo de la criminalidad en el ámbito virtual y poder establecer planes de actuación”. En este contexto, ha defendido el plan de acción para la democracia lanzado por el Gobierno. “La desinformación es un tema esencial, nos preocupa y estamos trabajando en ello, también le preocupa a la UE”, ha expuesto. Grande-Marlaska ha criticado que discursos que ha vinculado con la ultraderecha y la derecha alienten la conexión entre inmigración y delincuencia en una estrategia que busca “ganar votos”. “No hay ningún elemento objetivo que ponga en relación a la inmigración con la delincuencia”, ha dicho. El ministro del Interior se ha remitido a esa estadística oficial para reiterar que “España es un país seguro”, reiterando, como ha hecho en sus últimas intervenciones públicas, que la media está 48 delitos por mil habitantes, inferior a otros países del entorno europeo. También ha citado los 120 incidentes en infraestructuras críticas, aunque poniendo en valor los medios para combatirlos. Grande-Marlaska ha diferenciado la criminalidad convencional de asesinatos, robos o agresiones sexuales de los ciberdelitos, subrayando que es lo que se ha incrementado más desde la pandemia ya que el 90% de estos últimos son estafas informáticos, motivo por el que han lanzado una estrategia específica en vigor desde 2019. En este sentido, se ha referido al reglamento de lucha contra el abuso sexual online de menores por ser “una de las lacras mayores”. “Estamos para trasponer en el marco español tres directivas muy importantes”, ha indicado, antes de asegurar que “las redes son razonablemente seguras” pero que es necesario que el ciudadano se “forme y siga indicaciones oficiales”.