El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) declaró este viernes fundada en parte la nulidad de la inscripción de Perú Primero, la agrupación política creada por el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020). El organismo electoral rechazó en primera instancia la solicitud presentada por un grupo de ciudadanos encabezado por el abogado Wilmer Medina, quien defendió al expresidente Alan García, pero el fallo fue apelado.
A través de un oficio, el presidente del JNE, Jorge Salas Arenas, informó previamente que no participaría en la resolución debido a “muestras de un discurso de odio personal en diferentes y reiteradas oportunidades”.
Medina, líder de la iniciativa, señaló que ahora el partido puede iniciar un nuevo trámite de incrsipción, pero sin la participación de Vizcarra, quien reemplazó en la presidencia a Pedro Pablo Kuczynski en 2018 y, durante su gestión, mantuvo una dura pugna con el Legislativo, dominado por el fujimorismo, que terminó disolviendo el 30 de septiembre de 2019.
Después de anunciar la creación de su agrupación política, una comisión parlamentaria citó a Salas Arenas para que informe sobre este tema, pero el funcionario no asistió a la convocatoria porque, según dijo, está impedido de adelantar opinión.
En noviembre de 2020, el exmandatario fue destituido por “incapacidad moral” por el Parlamento siguiente, que también lo inhabilitó para ejercer cualquier cargo público durante diez años por el escándalo de vacunaciones irregulares contra el coronavirus durante su gestión, conocido en el país como ‘Vacunagate’.
Por ese motivo no pudo asumir el cargo de congresista para el que fue electo con la mayor votación nacional en los comicios de 2021. El 11 de mayo de 2022 recibió una segunda inhabilitación, esta vez por cinco años, por presuntamente haber cometido una infracción constitucional al intervenir en la dirección o gestión de empresas y asociaciones privadas cuando era ministro de Transportes y Comunicaciones, durante el Gobierno de Kuczynski.
En febrero pasado, el Congreso aprobó un informe final que recomienda acusarlo constitucionalmente por presuntas irregularidades en la adquisición de 1,4 millones de pruebas rápidas de COVID-19. La fiscal Patricia Benavides presentó una denuncia constitucional contra él y su exministra de salud, Pilar Mazzetti, por el ‘Vacunagate’ como presuntos autores del delito contra la administración pública en la modalidad de concusión.
