El régimen destinado a inversiones desde los 1.000 millones de dólares pasó al Senado luego de reunir 130 votos. En la misma sesión, el oficialismo logró sancionar el entendimiento para pagar 171 millones de dólares a dos grupos de acreedores del default de 2001.
La Cámara de Diputados dio media sanción este miércoles al denominado Súper RIGI, el régimen impulsado por el Gobierno nacional para otorgar beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios durante 30 años a grandes proyectos vinculados con nuevas actividades económicas.
La iniciativa fue aprobada con 130 votos afirmativos, 106 negativos y 7 abstenciones y ahora deberá ser tratada por el Senado para convertirse en ley.
En la misma sesión especial, el oficialismo consiguió la sanción definitiva del acuerdo de conciliación con dos grupos de acreedores que mantenían litigios contra la Argentina por títulos de la deuda defaulteada en 2001.
Ese segundo proyecto obtuvo 139 votos a favor y 97 en contra, sin abstenciones, y autoriza un desembolso total de 171 millones de dólares.
Qué establece el Súper RIGI
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias está dirigido a proyectos que comprometan al menos 1.000 millones de dólares y destinen un mínimo del 20% de ese monto durante sus primeros dos años.
A diferencia del RIGI incluido en la Ley Bases, el nuevo esquema apunta exclusivamente a actividades industriales, tecnológicas o de servicios estratégicos que todavía no se desarrollen en el país, o que se encuentren en una etapa experimental o piloto.
La propuesta excluye las ampliaciones, modernizaciones o reconversiones de plantas existentes. Entre los sectores mencionados por el Poder Ejecutivo al presentar el proyecto aparecen la inteligencia artificial, los semiconductores, la biotecnología avanzada y la infraestructura digital.
Los emprendimientos admitidos accederán a 30 años de estabilidad tributaria, aduanera, cambiaria y regulatoria. El régimen contempla una alícuota del 15% en el Impuesto a las Ganancias, del 3,5% sobre dividendos y utilidades y una contribución patronal del 10% para las nuevas contrataciones.
También incluye amortización acelerada, compensación de quebrantos sin límite temporal, exenciones sobre derechos de importación y exportación y disponibilidad progresiva de las divisas obtenidas por ventas al exterior.
El texto habilita además que los conflictos entre el Estado y las empresas adheridas puedan resolverse mediante arbitraje internacional.
Durante las negociaciones en comisión, el oficialismo aceptó modificaciones reclamadas por bloques aliados. Entre ellas se incorporaron un registro público de proyectos, mayores precisiones para definir qué actividades pueden considerarse nuevas y un compromiso de contratación de proveedores locales equivalente al 20% de la inversión.
Las provincias y, cuando corresponda, los municipios deberán adherir expresamente al régimen para que los proyectos radicados en sus territorios puedan utilizar los beneficios.
Los apoyos y los cuestionamientos
La Libertad Avanza consiguió la aprobación con el respaldo del PRO, sectores de la UCR, el MID y legisladores provinciales.
El diputado cordobés Gabriel Bornoroni, presidente del bloque oficialista, sostuvo que el régimen permitirá atraer empresas y generar empleo. También rechazó que las exenciones provoquen un costo fiscal inmediato, al señalar que se aplicarán a industrias que actualmente no existen en el país.
Desde la oposición, Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica y sectores de Provincias Unidas cuestionaron la magnitud de los beneficios concedidos.
Los principales reparos estuvieron centrados en la diferencia de condiciones con las empresas que ya funcionan en la Argentina, la pérdida de recursos tributarios y la posibilidad de llevar controversias a tribunales internacionales.
Juan Schiaretti había anticipado el rechazo de los legisladores cordobeses de Provincias Unidas. El exgobernador sostuvo que el esquema implicará utilizar recursos provenientes de impuestos y retenciones para financiar beneficios destinados a grandes compañías.
El oficialismo defendió el proyecto como una herramienta para competir por inversiones de escala internacional. Sus detractores, en cambio, advirtieron que los incentivos no garantizan por sí mismos desarrollo productivo, transferencia tecnológica ni integración con proveedores nacionales.
El acuerdo con dos fondos buitre
Antes de votar el Súper RIGI, Diputados convirtió en ley el proyecto que aprueba los acuerdos celebrados por el Estado argentino con Bainbridge Ltd. y el grupo encabezado por Attestor Value Master Fund LP.
Ambos mantenían reclamos judiciales vinculados con bonos que quedaron fuera de las reestructuraciones posteriores al default de 2001.
El entendimiento establece un pago de 67 millones de dólares a Bainbridge y de 104 millones a Attestor, mediante un mecanismo de entrega contra pago: el dinero será transferido de manera simultánea con la cancelación y extinción de los títulos.
El acuerdo debía ser aprobado antes del 30 de junio, fecha fijada como límite para mantener vigentes las condiciones negociadas.
El Gobierno sostuvo que el monto representa una reducción cercana al 30% sobre las acreencias reconocidas judicialmente y que permitirá cerrar los principales litigios todavía abiertos por aquella deuda.
Desde la Procuración del Tesoro aclararon durante el tratamiento en comisión que no se trata de una nueva reestructuración, sino de acuerdos para cancelar sentencias firmes por un monto menor al reclamado.
El oficialismo afirmó además que los acreedores se comprometen a no iniciar nuevas acciones judiciales ni obstaculizar operaciones de financiamiento de la Argentina.
Unión por la Patria y el Frente de Izquierda rechazaron el proyecto y cuestionaron la información presentada sobre la negociación, los antecedentes de los bonos involucrados y el impacto del desembolso.
Con la sanción del Congreso, el acuerdo deberá ser promulgado y ejecutado dentro del plazo previsto. El Súper RIGI, en cambio, continuará ahora su recorrido en el Senado.
