Desde Greenpeace repudiamos la absolución de quienes fueron acusados por contaminación ambiental en el juicio por fumigaciones con agrotóxicos en Pergamino. Si bien el Tribunal Oral Federal N.º 2 de Rosario condenó a dos ex funcionarios municipales por incumplimiento de sus deberes de control, el fallo deja sin responsabilidad penal a los acusados por contaminar y representa un retroceso grave para la protección del ambiente, la salud de las personas y el derecho de las comunidades a vivir en un ambiente sano.
Después de años de denuncias, testimonios de la comunidad, estudios científicos y reclamos de las familias afectadas, la absolución de quienes fueron acusados por contaminar deja un mensaje peligroso: que la contaminación puede no tener responsables y que la salud de las personas vale menos que los intereses de quienes contaminan.
Pergamino no es un caso aislado. Expone una problemática estructural: el uso masivo de agrotóxicos y la falta de controles efectivos siguen dejando a comunidades enteras expuestas a sustancias peligrosas. No se trata sólo de quienes aplican estos productos, sino de una cadena que permite que los agrotóxicos se produzcan, circulen, lleguen al agua, al suelo y a los cuerpos de las personas, sin respuestas proporcionales al daño causado.
La evidencia sobre los impactos de sustancias como el glifosato, la atrazina y otros agrotóxicos exige fortalecer los controles y alejar las fumigaciones de viviendas, escuelas, cursos de agua y zonas habitadas. Frente a esta realidad, no alcanza con administrar el daño ni tratar la contaminación como un costo inevitable.
La condena a los ex funcionarios municipales confirma que hubo fallas en los controles, pero no alcanza. Una sentencia de estas características profundiza la impunidad ambiental y debilita la obligación del Estado de prevenir daños graves o irreversibles. La Justicia debe proteger a las comunidades afectadas, no consolidar un sistema donde quienes contaminan pueden seguir adelante sin consecuencias.
