En el marco de un posible tratamiento de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad privada desde Greenpeace alertamos que, de aprobarse, podría aumentar la compra de tierras por parte de corporaciones extractivistas, que luego podrían presionar para modificar las leyes ambientales vigentes, como sucedió recientemente con la Ley de Glaciares. En la semana de los pueblos indígenas los hornamos como los guardianes de la tierra y de la mayor parte de la biodiversidad que aún nos queda. Por ello, es clave conocer y defender el suelo argentino.
Por Noemí Cruz, coordinadora de la campaña de bosques de Greenpeace en Argentina
Cada 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, una fecha que recuerda la primera reunión de trabajo de la ONU sobre esta población, celebrada en Ginebra en 1982.
Los territorios indígenas abarcan el 28% de la superficie del planeta y albergan el 11% de los bosques del mundo. Hablar de los Pueblos Indígenas es hablar de resiliencia, sabiduría y una conexión profunda con el planeta. Según datos de las Naciones Unidas, alrededor de 476 millones de personas indígenas habitan en más de 90 países. Aunque representan aproximadamente el 6% de la población mundial, sostienen sobre sus hombros una realidad injusta: constituyen al menos el 15% de las personas en situación de extrema pobreza.
¿A qué se debe esta paradoja? La respuesta es clara: a la falta de reconocimiento histórico de sus identidades, de sus derechos sobre los territorios tradicionales y del acceso a sus propios recursos naturales. Sin un cambio estructural, la marginación sistemática seguirá siendo su cotidianeidad.
La gran contradicción: Proteger en el papel, ignorar en la práctica
A nivel internacional existe un consenso claro sobre la necesidad de tomar medidas especiales para proteger las culturas y los modos de vida indígenas. Sin embargo, en la práctica, estas voces quedan fuera de las mesas donde se diseñan las políticas públicas.
En América Latina, la situación es desgarradora. Con frecuencia, los propios Estados violan sus derechos al negarse a reconocerse como naciones plurinacionales y pluriculturales.
Soberanía, autosuficiencia y un avance que no se detiene
Los sistemas alimentarios de los Pueblos Indígenas son un ejemplo vivo de sostenibilidad. Poseen un altísimo nivel de autosuficiencia, siendo capaces de generar entre el 50% y el 80% de los alimentos y recursos que consumen.
A pesar de esta valiosa aportación a la seguridad alimentaria mundial, el modelo extractivista avanza día a día destruyendo sus tierras. No es una coincidencia que los últimos reductos de bosques bien conservados en el mundo coincidan exactamente con los lugares donde ellos viven.
El compromiso de alzar la voz: Día Internacional y Derechos Fundamentales
Desde Greenpeace, respaldamos firmemente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Defendemos sin matices:
- El derecho a la autodeterminación, la libertad, la paz y la seguridad, tanto individual como colectivamente.
- El Consentimiento Libre, Previo e Informado (CPLI) ante cualquier decisión o proyecto que afecte sus territorios tradicionales (minería, tala, pesca, recursos hídricos, entre otros).
- La prohibición absoluta del desplazamiento forzado de sus tierras ancestrales.
- Acuerdo justo y equitativo de los derechos indígenas pendientes y cuestiones relacionadas con los títulos y reclamos constitucionales.
Caminando a su lado
A continuación, te compartimos algunas de las acciones más recientes en las que hemos acompañado a los Pueblos Indígenas y comunidades locales en la defensa incondicional de sus derechos.
Seguiremos dialogando sobre los avances, los desafíos y las oportunidades en este camino compartido. Y, sobre todo, no dejaremos de denunciar cada injusticia social y ecológica hasta garantizar un mundo verdaderamente justo y sostenible.
-Reconocimiento de los Pilagá en Formosa: Celebramos el reconocimiento a nivel nacional de la preexistencia étnica y cultural del pueblo Nivaclé de Formosa a través de la Resolución 220 del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Un hecho histórico para uno de los pueblos custodios del Gran Chaco.
-Exponemos a quienes deforestan territorios Wichí en Salta: Los Wichí de Misión Chaqueña, en Salta, se encuentran criminalizados por defender su territorio. Resisten la deforestación y el alambrado de su territorio por parte del empresario Claudio Ferreyra.
-Comunidades wichí de la ruta 86 denuncian desmonte: cuatro topadoras avanzan sobre sus territorios, a solo 18 km de Tartagal.
La empresa Desdelsur S.A., de las familias Macera y Blaquier, estaría desmontando un bosque nativo de cebil, quebracho colorado y palo blanco, un ecosistema del que dependen varias comunidades wichí para obtener alimento, medicina y sostener su forma de vida. Las comunidades afectadas por el desmonte son: km 12, km 14, km 16, km 18, km 20, Alcoba, Pacará y Tonono.
-Denunciamos el proyecto del kartódromo en la Selva paranaense, que fuera iniciado y finalmente suspendido en la zona de las 2000 hectáreas de Puerto Iguazú, impulsado por la Asociación Iguazú Pro Karts. Tekoas Mbya Guaraníes, cercanas al proyecto, no habían sido informadas ni consultadas conforme su derecho, siendo la selva remanente, de extrema importancia para su subsistencia.
-Apoyamos los derechos de la comunidad Mbya Guaraní Puente Quemado 2, en la defensa de su territorio frente a los avances de la forestal Arauco y otros empresarios que intentan despojarlos de la selva.
La tierra no se vende, no se quema ni se desaloja
Hoy, en el mes de la Madre Tierra, esta corre un enorme riesgo, su defensa es más importante que nunca. La normativa impulsada por el gobierno nacional incluye varias modificaciones a leyes vigentes:
Por un lado, modificaría la Ley Nacional de Tierras Rurales (26.737) que le pone límites a la compra de tierras por parte de extranjeros, hasta un 15% (actualmente se estima está en un 5%). Además, la norma prohíbe que extranjeros adquieran tierras ribereñas de cursos de agua permanente o en zonas de frontera.
Por otro lado, modificaría la Ley Nacional de Manejo del Fuego (26.815) establece que tras un incendio (provocado o accidental) se prohíbe entre 30 y 60 años realizar modificaciones en el uso del suelo, venta o división de tierras, en bosques, humedales y pastizales. Estas propuestas aumentan aún más la vulnerabilidad territorial de comunidades indígenas, pequeños productores y familias rurales.
Desde Greenpeace sostenemos que los ecocidios provocan desaparición de especies, cambio climático, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, pérdida de alimentos, medicinas y maderas. Es por eso que desde hace una década estamos impulsando la penalización de desmontes e incendios forestales.
