La iniciativa enviada por el Gobierno al Congreso crea una nueva figura penal para casos de influencia extranjera sobre elecciones u opinión pública. FOPEA y especialistas cuestionaron la amplitud de conceptos como “desinformación” y “manipulación” y advirtieron sobre sus posibles efectos en la libertad de expresión.
El proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional enviado por el Gobierno al Congreso incorporó un capítulo que prevé penas de entre cinco y 12 años de prisión para determinadas campañas de desinformación vinculadas con Estados, organizaciones o agentes extranjeros.
La iniciativa, presentada inicialmente alrededor del reclamo argentino sobre las Islas Malvinas y la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur, propone una reforma mucho más amplia del sistema de seguridad y defensa e incluye modificaciones al Código Penal.
Uno de los artículos que abrió mayor debate busca sancionar a quienes, actuando por cuenta, orden o con financiamiento total o parcial de un actor extranjero, intenten alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva.
El proyecto todavía debe atravesar el tratamiento del Congreso y, por lo tanto, la nueva figura penal no se encuentra vigente.
Qué conducta busca penalizar
La iniciativa propone incorporar al Código Penal una figura específica relacionada con la denominada influencia extranjera.
La escala prevista es de cinco a 12 años de prisión para quien realice las conductas contempladas actuando por cuenta, orden o financiamiento total o parcial de un Estado, organización o agente extranjero.
La pena podría aumentar a entre ocho y 15 años cuando existan determinados agravantes vinculados con mecanismos de coerción.
Por eso, el texto no establece una pena general por difundir información falsa ni alcanza, en su formulación, a cualquier publicación periodística o mensaje en redes sociales.
Para que la figura resulte aplicable, el proyecto exige la existencia de una vinculación con un actor extranjero y que la actividad esté orientada a alterar un proceso electoral o manipular a la opinión pública mediante una campaña coordinada.
Los cuestionamientos
La redacción generó reparos entre especialistas en derecho constitucional, legisladores opositores y organizaciones vinculadas con la libertad de expresión.
El principal cuestionamiento está puesto en conceptos como “desinformación masiva” y “manipular la opinión pública”, debido a que el proyecto no establece parámetros detallados para determinar cuándo una información ingresa dentro de esas categorías.
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) sostuvo que la formulación presenta un riesgo para la libertad de expresión por la falta de precisión del tipo penal y advirtió que una definición amplia podría habilitar interpretaciones discrecionales.
La organización señaló particularmente que términos como “manipular la opinión pública” y “desinformación” deberían contar con una delimitación más precisa si van a formar parte de una norma penal.
Desde la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) indicaron que se encuentran analizando el articulado para determinar su alcance y su eventual incidencia sobre la libertad de expresión.
También hubo cuestionamientos desde sectores de la oposición y constitucionalistas, que plantearon dudas sobre la compatibilidad de la figura propuesta con las garantías constitucionales relacionadas con la libertad de prensa y expresión.
Esas objeciones forman parte del debate abierto alrededor del proyecto y no implican que la norma haya sido declarada inconstitucional, ya que todavía no fue sancionada.
Una ley que excede la cuestión Malvinas
El capítulo sobre desinformación forma parte de una iniciativa considerablemente más amplia que la anunciada inicialmente alrededor de Malvinas.
Además de endurecer las sanciones contra empresas y personas que exploten recursos naturales sin autorización argentina en las islas y espacios marítimos reclamados por el país, el proyecto crea un Sistema de Seguridad Nacional y un Consejo de Seguridad Nacional encabezado por el Presidente.
También propone modificaciones relacionadas con inteligencia, defensa, interferencia extranjera, infraestructura crítica y protección del espacio aéreo y marítimo.
El Gobierno sostiene que ese conjunto de herramientas busca dotar al Estado de mecanismos para responder a amenazas externas que exceden los conflictos militares tradicionales.
En el comunicado con el que presentó formalmente la iniciativa, el Ejecutivo explicó que uno de sus tres objetivos es otorgar al Estado nuevas herramientas para protegerse frente a amenazas externas.
El debate pasa al Congreso
La iniciativa ingresó este jueves a la Cámara de Diputados y comenzará ahora su recorrido por las comisiones correspondientes.
Allí no solo deberá discutirse el nuevo régimen de sanciones relacionado con Malvinas, sino también las reformas al sistema de seguridad nacional y al Código Penal.
El artículo referido a las campañas de desinformación aparece desde ahora como uno de los puntos que concentrarán la discusión, tanto por el alcance que pretende darle el Gobierno a las interferencias extranjeras como por los cuestionamientos sobre la precisión de la figura penal y sus eventuales efectos sobre la libertad de expresión.
