
Ante la Resolución 370/2026 de Parques Nacionales, que declaró de interés público la propuesta de una empresa privada para instalar nuevas estructuras de glamping, hospedaje, gastronomía, proveeduría y espacios recreativos en los Parques Nacionales Los Glaciares (Santa Cruz), Los Alerces (Chubut), Iguazú (Misiones) e Iberá (Corrientes), desde Greenpeace queremos señalar que la prioridad del gobierno debe ser su conservación y no la habilitación de nuevos negocios.
Si bien el turismo en áreas protegidas es una actividad permitida, no es la principal razón por la que se crearon los Parques Nacionales, sino la conservación de la biodiversidad, de diferentes ecosistemas y de especies valiosas. Las actividades turísticas en los Parques y Reservas Nacionales deben estar reguladas y controladas para garantizar su compatibilidad con la protección de los mismos.
En particular, el Parque Nacional Los Glaciares, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, protege grandes masas de hielo, lagos glaciares y ecosistemas de enorme valor ambiental. Sus glaciares constituyen reservas estratégicas de agua dulce y cumplen funciones fundamentales para los ecosistemas patagónicos.
En un contexto de crisis climática y retroceso de los glaciares, cualquier nueva infraestructura turística debe contar con evaluaciones ambientales rigurosas que contemplen sus posibles impactos sobre el agua, la biodiversidad y la capacidad de carga del área protegida.
Esta preocupación cobra especial relevancia luego de la reforma de la Ley de Glaciares, que debilitó su marco de protección en un escenario de creciente presión sobre estos ecosistemas. La iniciativa se conoce, además, después de que más de 850.000 personas adhirieran a un amparo colectivo para cuestionar esa reforma y reclamar la protección de los glaciares y el agua.
El aumento descontrolado de la actividad turística dentro de las áreas protegidas, junto a la disminución o flexibilización laboral del personal calificado, como guías, brigadistas y guardaparques, atenta contra su conservación. En ese sentido, resulta muy preocupante el reciente recorte de más de $2.500 millones del presupuesto de Parques Nacionales.
Además, la Administración dispone de sólo 400 brigadistas, con condiciones laborales precarias, para custodiar más de 5 millones de hectáreas y dar asistencia a las provincias, frente a un mínimo operativo estimado de 700. Este verano la Patagonia argentina sufrió los peores incendios forestales de las últimas seis décadas: el fuego arrasó con más de 60.000 hectáreas de bosques, afectando seriamente al Parque Nacional Los Alerces.
Finalmente, cabe advertir que el proyecto de Ley de Presupuesto 2027 presentado por el Poder Ejecutivo asigna a la Ley de Bosques apenas el 4% de los fondos que le corresponden, destinados a controlar la deforestación ilegal, prevenir y combatir incendios, y promover la conservación. A su vez, de aprobarse el proyecto de modificación de la normativa forestal, elaborado por el gobierno nacional, aumentarán del 20% al 80% las áreas donde estará permitido autorizar desmontes.
Greenpeace convoca a la ciudadanía a sumarse a la “República de los Siete Bosques”, una comunidad protectora de los bosques, alerta ante diferentes amenazas.









