La normativa impulsada por el gobierno nacional incluye varias modificaciones a leyes vigentes.
- La Ley Nacional de Manejo del Fuego (26.815) establece que tras un incendio (provocado o accidental) se prohíbe entre 30 y 60 años realizar modificaciones en el uso del suelo, venta o división de tierras, en bosques, humedales y pastizales. Esto es lo que se pretende derogar.
Greenpeace se ha manifestado en contra de dicha modificación en tanto que podría generar un aumento de los incendios intencionales. Cabe recordar que el último verano la Patagonia argentina sufrió los peores incendios forestales de las últimas seis décadas, con más de 60.000 hectáreas de bosques andino patagónicos arrasados por el fuego. (1)
Más allá de esto, sigue vigente la obligación establecida en el artículo 40 de la Ley Nacional de Bosques (26.331) de restaurar el bosque tras un incendio o desmonte. Cabe advertir que el gobierno nacional también pretende flexibilizar esta normativa, aunque aún no fue presentado ningún proyecto de ley.
La deforestación es un ecocidio que provoca desaparición de especies, cambio climático, inundaciones, sequías, desertificación, enfermedades, desalojos de indígenas y campesinos, pérdida de alimentos, medicinas y maderas. Es por eso que desde Greenpeace estamos impulsando la penalización de desmontes e incendios forestales.
- Modifica la Ley Nacional de Tierras Rurales (26.737) que le pone límites a la compra de tierras por parte de extranjeros, hasta un 15% (actualmente se estima está en un 5%). Además, la norma prohíbe que extranjeros adquieran tierras ribereñas de cursos de agua permanente o en zonas de frontera.
Aunque el cambio propuesto busca eliminar esos límites, no implica automáticamente la explotación indiscriminada de bosques, ríos, lagos, glaciares u otros recursos naturales, que tienen sus normas específicas de protección y uso.
Sin embargo, de aprobarse esta modificación, podría aumentar la compra de tierras con recursos naturales por parte de corporaciones extractivistas, que luego podrían presionar para modificar las leyes ambientales vigentes, como sucedió recientemente con la Ley de Glaciares.
Nota:
