El proyecto ya fue aprobado por amplia mayoría en Diputados y comenzó a avanzar en el Senado. El oficialismo de Luiz Inácio Lula da Silva quiere sancionarlo antes de las elecciones de octubre. La reforma garantiza dos días de descanso por semana y contempla una transición de 14 meses.
Brasil avanzó un nuevo paso hacia una de las reformas laborales de mayor impacto de los últimos años: eliminar como regla general la denominada escala 6×1, en la que se trabajan seis días por uno de descanso, y reducir la jornada máxima de 44 a 40 horas semanales sin disminución del salario mensual.
La novedad se produjo este martes, cuando el senador Omar Aziz, relator del proyecto en la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ), anticipó que mantendrá sin modificaciones el texto que ya aprobó la Cámara de Diputados. La decisión facilita la estrategia del gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que pretende completar la sanción antes de las elecciones de octubre.
Aziz tiene previsto presentar su dictamen este jueves 27 de agosto y la votación en la CCJ fue programada para el miércoles 2 de septiembre. Si allí obtiene respaldo, quedará habilitado para pasar al pleno del Senado.
De seis días de trabajo a cinco
Actualmente, la Constitución brasileña establece una jornada máxima ordinaria de 44 horas semanales, compatible con esquemas de seis jornadas laborales y un día de descanso.
La reforma fija un máximo de 40 horas semanales distribuidas en cinco días, con dos jornadas de descanso remunerado y sin reducción salarial.
El cambio no sería inmediato.
A los 60 días de promulgada la reforma, la jornada máxima bajaría primero de 44 a 42 horas semanales y comenzaría a regir el esquema de cinco días de trabajo y dos de descanso.
Luego, completado un período de transición de 14 meses, el límite se reduciría definitivamente a 40 horas por semana, con un máximo normal de ocho horas diarias.
En términos generales, un trabajador que actualmente cumple 44 horas distribuidas durante seis días pasaría finalmente a trabajar ocho horas diarias durante cinco jornadas, conservando su salario mensual.
La escala 6×1 no desaparecería en absolutamente todos los casos
El proyecto contempla algunas flexibilidades.
Por medio de convenios o acuerdos colectivos podrán establecerse sistemas diferentes para determinadas actividades, siempre que se respete, en promedio, el derecho a los descansos previstos y los límites de la nueva regulación.
Esto permitiría atender actividades que necesitan funcionar durante fines de semana o todos los días, como gastronomía, comercio, salud, hotelería y determinados servicios.
También existen excepciones para algunos trabajadores de altos ingresos y regímenes particulares, además de un plazo diferente de adaptación para empresas tercerizadas que prestan servicios al Estado.
Diputados la aprobó por una amplia mayoría
La reforma ya superó una instancia política decisiva.
La Cámara de Diputados aprobó el proyecto en dos votaciones el 27 de mayo. En primera vuelta obtuvo 472 votos a favor y 22 en contra y, en la segunda, 461 contra 19.
El texto que finalmente consiguió ese respaldo fue una versión intermedia entre diferentes iniciativas.
Una de las propuestas originales planteaba una semana de 36 horas, mientras otro proyecto impulsado por la diputada Érika Hilton proponía 36 horas distribuidas en cuatro días. El acuerdo parlamentario terminó fijando como punto de equilibrio 40 horas y cinco días de trabajo.
Lula la convirtió en una prioridad política
El gobierno de Lula da Silva adoptó abiertamente el fin de la escala 6×1 como una de sus principales banderas laborales.
El Presidente sostuvo que la reducción permitiría que los trabajadores dispongan de más tiempo para la familia, el descanso y su vida personal, mientras el ministro de Trabajo, Luiz Marinho, viene reclamando que el Senado complete la sanción durante este año.
La propuesta permaneció frenada durante varias semanas en el Senado, pero volvió a avanzar después de una recomposición de la relación política entre Lula y el presidente de la Cámara alta, Davi Alcolumbre. El viernes pasado, Alcolumbre derivó formalmente el proyecto a la Comisión de Constitución y Justicia y designó como relator a Aziz, aliado del oficialismo.
La decisión de Aziz de no modificar el texto aprobado por Diputados es clave: cualquier cambio obligaría a devolver el proyecto a la Cámara baja y dificultaría seriamente los planes del Gobierno de promulgarlo antes de las elecciones.
Si supera la CCJ, la reforma necesitará 49 votos favorables en el pleno del Senado, donde la oposición todavía puede intentar modificarla o retrasar su tratamiento.
El impacto económico divide opiniones
El debate no gira únicamente alrededor de las condiciones laborales.
Los sectores empresariales advierten que mantener los mismos salarios con menos horas de trabajo puede incrementar el costo laboral por hora, particularmente en actividades intensivas en personal que necesitan operar durante seis o siete días.
Un estudio de la Confederación Nacional de la Industria (CNI) estimó que la reducción podría representar una disminución del 0,7% del PBI, mientras la Confederación Nacional del Comercio calculó un aumento significativo del costo laboral para comercio y servicios. Se trata de proyecciones elaboradas por organizaciones empresarias, cuyos supuestos son discutidos por el Gobierno y los sindicatos.
El Ministerio de Trabajo sostiene la posición contraria: argumenta que jornadas menores pueden mejorar la productividad, disminuir el ausentismo y reducir problemas de salud física y mental, compensando al menos parcialmente el costo de la reducción horaria.
La reforma cuenta además con un considerable respaldo social. Una encuesta de Datafolha realizada en marzo indicó que el 71% de los brasileños apoyaba la reducción de la jornada laboral, dato que también explica la importancia que adquirió el proyecto en plena campaña electoral.
Una definición que puede llegar en pocos días
La próxima instancia será este jueves, cuando Omar Aziz presente su dictamen. Si se mantiene el cronograma previsto, la Comisión de Constitución y Justicia deberá votar el proyecto el 2 de septiembre y el oficialismo intentará llevarlo rápidamente al pleno.
De conseguir allí la mayoría constitucional requerida sin modificaciones, Brasil quedará en condiciones de pasar de una semana laboral máxima de 44 a 40 horas, con dos días de descanso y sin reducción salarial, mediante una transición de poco más de un año.
La discusión, que comenzó como una demanda social contra la escala 6×1, se convirtió así en uno de los principales debates políticos, laborales y económicos de Brasil en la antesala de las elecciones de octubre.
